Golpe a una de las campañas más visibles de la derecha en la Región Metropolitana. El Servel rechazó íntegramente la rendición de gastos de Macarena Santelices, candidata del Partido Republicano a la gobernación metropolitana en el ciclo electoral de 2024 y exvocera de José Antonio Kast. Son $740 millones bajo observación: al quedar rechazados, la candidata no puede acceder a los fondos públicos que se asignan en función de los votos obtenidos. Su equipo apeló al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). El partido, por ahora, guarda silencio y lo enmarca como un trámite del proceso.
Las observaciones del Servel
El informe del organismo habla de “inconsistencias y omisiones graves” en la rendición. La solicitud de Santelices incluía dos grandes bloques: $211 millones para pagar un crédito con BancoEstado y $527 millones para cubrir servicios de campaña que no alcanzaron a solventarse con aportes propios ni donaciones electorales. Toda esa estructura financiera quedó ahora en suspenso.
La pieza más polémica es una factura por $160 millones emitida por The 975 SpA, propiedad de Felipe Costabal. Él es socio de negocios de Leonardo Prieto, marido de Santelices. La empresa, además, presta servicios al Partido Republicano. El Servel detectó que esa factura había sido anulada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que no cumplía con los requisitos mínimos de verificación para acreditar que el gasto se realizó efectivamente. Ante ese flanco, la propia candidata retiró del expediente la solicitud de reembolso por ese monto.
El escrutinio también alcanzó la relación con el administrador electoral. Según los documentos, Carlos Montalva donó su trabajo avaluado en $900.000, pero al mismo tiempo se facturaron $52 millones a través del estudio jurídico Montalva Limitada, creado al inicio de la campaña. Para el Servel, ese cruce entre donación y cobros, sumado al nacimiento casi simultáneo de la sociedad, no supera el estándar de trazabilidad y sustento de servicios exigido por la ley.
Más allá de esos dos hitos, el rechazo es total. En la práctica, significa que la contabilidad completa —desde proveedores hasta arriendos, publicidad, brigadistas o asesorías— carece de respaldo suficiente o presenta errores de forma y fondo. El Servel suele exigir documentos originales válidos, facturas no anuladas, contratos, comprobantes bancarios, y una correspondencia clara entre lo declarado y lo pagado. Cuando falta alguno de esos eslabones, la observación se convierte en rechazo.
En este caso, la decisión dejó a la campaña sin validación de los gastos y sin reembolso público. Es un mazazo financiero: las candidaturas planifican su caja considerando el reintegro que luego hace el Estado por cada voto, dentro de los topes legales y la rendición aprobada. Si eso se cae, queda un vacío que puede traducirse en deudas con bancos y proveedores.
Qué implica el rechazo y los próximos pasos
La rendición de gastos electorales en Chile está regida por normas que buscan transparencia y trazabilidad (la Ley 19.884 y su reglamentación). Hay topes de gasto, límites a aportes, obligaciones de bancarización y deberes de respaldo documental. Tras la elección, los comandos presentan sus rendiciones y el Servel audita. Si hay reparos, el organismo puede rechazar todo o parte. Frente a ello, la vía es apelar al Tricel.
Eso hizo Santelices: elevó el caso al tribunal electoral para revertir, total o parcialmente, el rechazo. El Tricel revisa antecedentes, escucha descargos y puede ordenar ajustes, confirmar la decisión o permitir el reembolso de partidas específicas si se despejan las dudas. No es inmediato; suele demorar varias semanas. Mientras no haya fallo, el dinero público no se paga.
¿Qué está en juego? En lo inmediato, la liquidez de la campaña y la capacidad de cubrir deudas. También la responsabilidad administrativa del equipo: candidatos y administradores pueden enfrentar multas si se acreditan infracciones, y el Servel está facultado para denunciar ante el Ministerio Público si detecta eventuales delitos. No hay algo de eso decretado ahora; lo que existe es un rechazo por falta de comprobantes válidos y conflictos de verificación.
Los dos nudos del expediente —la factura anulada de The 975 SpA y los pagos asociados al administrador vía Montalva Limitada— concentran el debate. El primer caso combina un vínculo societario con la pareja de la candidata, un monto alto y la anulación documentada ante el SII: tres señales que piden trazabilidad impecable. El segundo mezcla donación y facturación desde una sociedad recién creada, un patrón que el Servel mira con lupa por el riesgo de triangulación de servicios o sobrevaloraciones. Nada de eso implica, por sí mismo, una condena penal; sí activa el estándar de prueba más alto para liberar recursos públicos.
Este episodio no ocurre en el vacío. En cada ciclo, el Servel formula observaciones a campañas de todos los sectores por respaldos incompletos, boletas mal emitidas, servicios sin contrato o diferencias entre lo bancario y lo declarado. La vara es pareja y, en años recientes, el organismo ha endurecido los controles de proveedor único, vínculo con relacionados y uso de boletas electrónicas válidas. El mensaje es claro: sin papeles sólidos, no hay reembolso.
¿Quién es la protagonista? Macarena Santelices es exalcaldesa de Olmué, fue ministra de la Mujer y la Equidad de Género en 2020, y más tarde tomó roles comunicacionales en la campaña presidencial de Kast. Su salto a la gobernación metropolitana buscaba capitalizar esa visibilidad. Pese a los votos obtenidos, el rechazo de la rendición le impide por ahora recibir el reintegro estatal que muchas candidaturas consideran clave para cerrar números.
Quedan varias preguntas abiertas. ¿Podrá la defensa convencer al Tricel de que los servicios se prestaron y que los errores son subsanables? ¿Se presentarán nuevos respaldos de contratos, entregables o trazabilidad bancaria que permitan rehabilitar parte del gasto? ¿Habrá proveedores que reclamen pagos si el reembolso no llega? Son dudas que se despejarán en el expediente judicial y en la contabilidad de la campaña.
El Partido Republicano, donde The 975 SpA también figura como proveedor, no ha hecho comentarios públicos distintos a calificarlo como un trámite normal ante la autoridad. Esa estrategia —bajar el perfil mientras se litiga— busca evitar un costo político adicional. Pero el caso toca fibras sensibles: transparencia, conflictos de interés y uso de recursos estatales. Son temas que, a semanas de cualquier elección, influyen en la conversación pública y obligan a todos los comandos a revisar su propio papeleo.
Por ahora, el “estado del arte” es simple: el Servel dijo no, Santelices apeló, y los $740 millones siguen congelados. Lo que resuelva el Tricel marcará no solo el futuro financiero de esta candidatura, sino también una señal para el resto del sistema sobre cuán alto está el estándar para rendir cada peso de una campaña.
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