Cuando Gonzalo Durán, Delegado Presidencial Regional Metropolitano anunció que el desalojo de la ocupación conocida como Toma Dignidad había comenzado, la noticia se propagó como un reguero de pólvora por todo Santiago. La madrugada del jueves 9 de octubre de 2025, Álex Bahamondes, Jefe de la Zona Oeste de Carabineros de Chile, dio la orden de iniciar la operación que involucró a ocho cientos agentes y a cientos de empleados municipales.
Contexto y antecedentes
La zona de la Quebrada de Macul, en la comuna de La Florida, había sido catalogada como de alto riesgo desde la resolución 447/2024 del SENAPRED. Deslizamientos, aluviones y riesgo de incendio hacían imposible la vida en los cuarenta metros de ancho que separan la Avenida Tobalaba de la calle Las Perdices. Aun así, desde 2022 familias sin permiso construyeron 194 viviendas improvisadas, convirtiendo el área en lo que la municipalidad describió como "un negocio ilegal de venta y arriendo de sitios".
Desarrollo de la operación de desalojo
Según el cronograma oficial, los agentes llegaron al sitio a las 6:00 a.m., estableciendo cordones perimetrales en todas las entradas y cerrando el acceso vehicular. El Municipalidad de La Florida, bajo la dirección de María José Fernández, Directora de Desarrollo Comunitario, organizó equipos de trabajo que empezaron a demoler estructuras una tras otra.
Para el mediodía, 85 casas habían sido derribadas; a las 2:00 p.m., la cifra superó los ciento veinte. El General Bahamondes explicó que "todo se desarrolló de manera tranquila. Los pobladores cooperaron de muy buena forma, motivo por el cual pudimos ingresar y comenzar el retiro". Sin embargo, el reporter de TVN, Sofía Carrizo, captó dos intercambios de palabras que terminaron en detenciones por "incidentes menores".
Reacciones y testimonios
Los residentes, mayoritariamente migrantes del norte (Antofagasta e Iquique), expresaron frustración y miedo. Uno de los afectados dijo que "el terreno es inseguro, no se puede vivir ahí. Hay riesgo de aluviones". Otros, sin embargo, aceptaron la medida al reconocer la imposibilidad de seguir habitando en un área declarada inhabitable.
Impacto social y medidas de reubicación
De las 194 familias, 52 recibieron un Subsidio de Arriendo Transitorio de CLP 300 000 mensuales, aportado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las restantes fueron trasladadas a albergues temporales: 127 familias al Estadio Municipal de La Florida, 15 a viviendas provisionales en Puente Alto y el resto a casas de familiares.
Los datos municipales revelan que el 42 % de los adultos no contaba con empleo formal, evidenciando la vulnerabilidad económica del grupo. La operación incluyó la excavación de zanjas y la colocación de maquinaria pesada para impedir futuras ocupaciones, como aseguró el Delegado Durán.
Próximos pasos y consecuencias
La fase final de la obra, que consiste en la nivelación del terreno y la señalización de la zona como inhóspita, se completó el sábado 11 de octubre. Las autoridades locales han prometido seguir monitoreando la zona y reforzar la fiscalización para evitar la reapropiación del suelo.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han pedido una revisión de los procesos de reasentamiento, advirtiendo que la falta de soluciones habitacionales duraderas podría generar nuevos asentamientos informales en áreas periféricas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta el desalojo a las familias de Toma Dignidad?
Más de 190 familias fueron desplazadas; 52 recibieron subsidios de arriendo, mientras el resto fue alojado en albergues o con familiares. La medida pretende evitar riesgos geológicos, pero genera incertidumbre económica y social para quienes dependen de ingresos informales.
¿Qué riesgos geológicos justificaron el desalojo?
SENAPRED certificó que la zona presenta alta probabilidad de deslizamientos y aluviones, además de suelos inestables y riesgo de incendio. La resolución 447/2024 declaró la área como inhabitable, lo que sirvió de base legal para la operación.
¿Quiénes estuvieron a cargo de la operación?
El Delegado Presidencial Regional Metropolitano Gonzalo Durán coordinó la iniciativa, mientras el Jefe de la Zona Oeste de Carabineros, Álex Bahamondes, dirigió a los 800 agentes. La Municipalidad de La Florida, liderada por la Directora de Desarrollo Comunitario María José Fernández, se ocupó de la logística de reubicación.
¿Qué medidas se tomarán para evitar nuevos asentamientos?
Se excavaron zanjas y se instalaron barreras físicas para que el terreno no sea vulnerable a ocupaciones. Además, la Fiscalía está investigando el negocio ilegal de venta y arriendo de parcelas, lo que implica sanciones a los involucrados.
¿Cuándo se espera que la zona quede completamente inhabilitada?
La fase final de nivelación y señalización del terreno se completó el 11 de octubre de 2025. Las autoridades aseguran que la zona permanecerá sin posibilidad de reocupación mientras continúe bajo vigilancia municipal.
9 Comentarios
Morena Daniela Gallardo
octubre 10, 2025 AT 05:06
¡Vaya espectáculo! La maquinaria rugiendo, los muros derribados en cuestión de horas, y una narrativa oficial que tildó la zona de "inhóspita". Todo ello mientras las familias, sin voz, son empujadas a estadios y cuartos ajenos. La precisión de los números no amortiza la tragedia humana.
CATALINA REBECC ROMAN VALENZUELA
octubre 10, 2025 AT 05:56
La operación en La Florida es, sin duda, uno de los episodios más complejos de la última década en cuanto a gestión urbana se refiere.
Por un lado, la autoridad sanitaria y de prevención presentó evidencia clara de deslizamientos y aluviones que amenazaban la vida de los residentes.
Por otro, la falta de soluciones habitacionales de largo plazo dejó a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad extrema.
Es notable cómo la municipalidad logró canalizar recursos para subvencionar a 52 hogares, aunque esa cifra representa apenas una cuarta parte del total desplazado.
La mayoría de los afectados fueron trasladados a albergues temporales, como el Estadio Municipal, donde la convivencia, aunque forzada, ha generado una solidaridad inesperada entre vecinos de distintos barrios.
Sin embargo, la ausencia de empleo formal para el 42 % de los adultos crea una presión económica que las ayudas puntuales difícilmente pueden aliviar.
En este contexto, la demolición de 120 viviendas en una mañana parece una medida drástica, pero la necesidad de prevenir desastres naturales constituye un imperativo ineludible.
La comunidad migrante del norte ha manifestado su miedo, pero también su reconocimiento de que vivir en una zona declarada inhabitable no es sostenible.
Las autoridades instalaron zanjas y barreras físicas, una estrategia que, si bien dificulta futuras ocupaciones, también puede ser vista como una señal de abandono del territorio.
La fiscalización reforzada prometida por el delegado Durán representa un compromiso que deberá traducirse en acciones de monitoreo continuo.
En cuanto a los derechos humanos, las organizaciones reclaman una revisión exhaustiva del proceso de reasentamiento, advirtiendo que la falta de viviendas dignas puede impulsar nuevos asentamientos informales en periferias.
Por tanto, la solución no solo pasa por la demolición y la prevención, sino también por la planificación de proyectos habitacionales integrales que incluyan acceso a servicios y oportunidades laborales.
La experiencia de La Florida debe servir de referencia para otras comunas que enfrentan problemáticas similares, demostrando que la prevención de riesgos no está reñida con la justicia social.
A largo plazo, la construcción de infraestructura resiliente y la creación de programas de inserción laboral serán esenciales para evitar que se repitan episodios como este.
En suma, la operación evidenció tanto la capacidad del Estado para actuar con rapidez como la necesidad urgente de políticas públicas que atiendan la raíz de la vulnerabilidad habitacional.
Moises Araya
octubre 10, 2025 AT 06:46
Desde una perspectiva sistémica la intervención operativa se configura como un nodo de contingencia que redefine las dinámicas de ocupación urbana sin ofrecer un vector de reintegración estructural
Alexis Barriga
octubre 10, 2025 AT 07:36
Todo este proceso no es más que una maniobra encubierta para liberar terrenos valiosos que benefician a intereses inmobiliarios; la narrativa de riesgo geológico sirve como cortina de humo para la especulación
Daniela Navarrete
octubre 10, 2025 AT 08:26
¡Qué tragedia! 😢 La gente es usada como peones en un juego de poder y nosotros solo vemos los titulares mientras se derrumban sus hogares
Maria Salinas Sfeir
octubre 10, 2025 AT 09:16
Considerando la necesidad de mitigación de riesgos y la urgencia de reubicación, se sugiere implementar un protocolo de acompañamiento psicosocial que incluya seguimiento continuo de los adultos mayores y niños vulnerables
Jael Valentina Rojas Cardenas
octubre 10, 2025 AT 10:06
Me llama la atención cómo la combinación de lodo, lluvia y estructuras improvisadas creó una sinfonía caótica que terminó en demolición, una escena digna de película de suspense
Francisco Javier Pereira Riquelme
octubre 10, 2025 AT 10:56
Obvio que el gobierno no sabe nada, todo es un show de luces y bombas, y la gente sigue sin ver la verdadera causa del problema: la mala geston del estado
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Entradas populares
Maria Consuelo Troncoso Heise
octubre 10, 2025 AT 04:13
Escucha, el hecho de que se haya ejecutado la operación con 800 policías muestra la magnitud del problema de ocupaciones ilegales, y la respuesta buscó proteger a la comunidad de riesgos geológicos. Además, la reasignación de subsidios y albergues indica una intención de minimizar el impacto social.