Fiscalía indaga manejo de fondos en sindicato de Futrono
Una sombra de duda se cierne sobre el sindicato de asistentes de la educación de Futrono. Desde hace semanas, la Fiscalía local está recopilando antecedentes sobre posibles irregularidades financieras en la organización, después de que salieran a la luz discrepancias en el manejo de dinero proveniente de los descuentos a los trabajadores de la educación.
Todo parte con el mecanismo usado por el Departamento de Educación Municipal: este organismo retiene mensualmente parte de los sueldos de los asistentes, destinados al pago de créditos sociales y a cuotas sindicales. El procedimiento es habitual y busca facilitar que los socios cumplan sus compromisos de pago sin mayores trámites. El problema apareció cuando se percibieron diferencias en los montos transferidos y lo que realmente se consignaba como pagado en el sindicato.
Según fuentes consultadas, hubo alertas internas sobre montos que no coincidían entre el registro del municipio y las cuentas del sindicato. Esto despertó la sospecha de un posible desvío de dinero, o de manejos poco claros a la hora de redistribuir esos recursos entre los fines destinados, particularmente en créditos sociales a los propios trabajadores y el financiamiento básico para la actividad sindical.
Nerviosismo en el gremio y demandas de transparencia
La investigación ha generado inquietud tanto en los funcionarios como en la comunidad educativa. Nadie ha sido individualizado hasta ahora, y desde Fiscalía se maneja todo con absoluta reserva. Pese a eso, ya hay cuestionamientos abiertos sobre la transparencia en los procesos internos y la forma en que se supervisa el uso de fondos por parte de sindicatos en todo el país.
Entre las preocupaciones más repetidas está el temor de que situaciones así socaven la confianza en las asociaciones de trabajadores, cuyo rol es precisamente resguardar derechos y bienestar de los empleados públicos. Las miradas también apuntan al deber de control de la administración municipal, encargada de gestionar las nóminas y velar por el correcto destino de los dineros retenidos.
Por ahora, las diligencias buscan descartar o comprobar si existió un patrón sistemático de mal uso de recursos, y si eso puede significar responsabilidades penales para dirigentes o funcionarios involucrados. Tampoco se descarta la revisión de los protocolos que regulan las transferencias de dinero desde las instituciones públicas hacia los sindicatos. Lo cierto es que el caso ha reavivado el debate sobre cómo garantizar mayor fiscalización y rendición de cuentas en entidades que manejan fondos colectivos.
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